Considerando que en nuestro sistema no es posible la
responsabilidad penal de una persona jurídica, ni tampoco la colectiva,
me parece aberrante el cierre de la actividad de una Empresa, máxime
cuando al tiempo se cercena el derecho a la libertad de expresión
y, -no lo olvidemos-, el derecho de los lectores a recibir información,
resultando una actuación judicial que, en mi opinión, sólo
hace que legitimar a los que niegan la existencia del Estado de Derecho.
Desde un punto de vista estrictamente legal y jurisprudencial, hay que advertir
que ya el propio Tribunal Constitucional declaró en su momento la
inconstitucionalidad de dicha medida tomada contra cualquier medio de comunicación,
lo que en su día incluso llevó al ministro Belloch a no promover
la misma actuación en una situación de pruebas e indicios
bastante similar a la actual.
Desde el mismo punto de vista, ampararse como hacen algunos para justificar
el cierre en las imputaciones de levantamiento de bienes, deudas a la seguridad
social y similares, denota simple fariseismo o desconocer la realidad española,
en cuanto que se han dado y se dan actualmente miles de casos similares
(algunos referidos a medios de comunicación) y jamás se ha
tomado tal medida cautelar de cierre de la actividad.
Es más, incluso de probarse la conexión de personas del diario
o de la empresa editora con ETA, sólo cabría individualizar
la responsabilidad criminal, instruir, juzgar y sentenciar a los responsables,
pero nunca eliminar radicalmente las libertades y derechos precitados.
Desde el punto de vista político, creo que la medida constituye
un error, en cuanto que viene a enquistar más el problema vasco,
apostando por el "todo vale" y dando la impresión de que la justicia
puede instrumentalizarse al servicio de una estrategia política,
lo que da alas y legitimidad a los violentos que invocan, una vez más,
como los hechos, en la versión que tienen ellos de los mismos,
-El Estado Español, sus tribunales, su policía, todas las
instituciones en guerra contra ellos-, les dan la razón. En este
sentido, mal servicio hace a la democracia el Sr. Mayor Oreja cuando aparece
en los medios de comunicación como promotor de la operación
y dando datos sobre un sumario que teóricamente es secreto, tendiendo
a confundir la acción policial con la judicial, con lo que da argumentos,
otra vez, a los que cuestionan la separación de poderes, el Estado
de Derecho y todos los principios del sistema democrático.
En cuanto a los líderes sociales, intelectuales y demás,
las respuestas de algunos de ellos me han parecido decepcionantes, ya
que, a fuer de defender "el sistema", llegan a legitimar el "todo vale"
y, por tanto, la sinrazón. Particularmente patético resulta
ver aparecer "juristas" por todos lados (hasta Antonio Gala va de tal)
que interpretan las leyes fiándolo todo al contenido de un Auto
-secreto hasta ahora- que desconocen, pero que esperan y suplican que
sea "suficiente", o sea, suficientemente fundado, para conciliarlo con
sus conciencias, como si no hubiera precedentes ilustrativos y famosos
de los autos y de la actividad instructora del Sr. Garzón y como
si hubiera de prevalecer la presunción de infalibilidad de los
autos frente al principio de presunción de inocencia, la libertad
de expresión y al derecho a la información.
Por mi parte, creo que todos tienen derecho a expresarse, y mucho más
aquéllos con los que estamos en desacuerdo: sólo el diálogo,
el escuchar, aunque sean barbaridades, puede llevarnos a acabar con esta
tragedia que ya dura casi cuarenta años. Ni la UCD, ni el PSOE,
ni ahora el PP, han logrado acabar con el problema; ni por la vía
legal (policial y judicial) ni con los atajos del GAL y similares. No
ha sido el ejército ni la policía, ni los tribunales especiales
ni el uso "excepcionalmente compulsivo" del Derecho, lo que ha llevado
la solución a Yugoslavia, Palestina, Irlanda del Norte y tantos
otros lugares de conflicto al cabo de años y miles de víctimas;
fue el diálogo, la negociación, el dejar hablar, el escuchar...
lo que acabó con dichos dramas.
Es posible que esta opinión resulte impopular y que lo "conveniente"
hubiera sido sumarnos al coro de los que piden sin más la ley del
talión, la pena de muerte, el todo vale y todo eso, pero la experiencia
de cuarenta años demuestra que esa línea no conduce a nada
absolutamente y que, desde un punto de vista siquiera fuera práctico,
de aplicar dicha estrategia, dentro de otros tantos años estaremos
igual, aunque con unos cientos de cadáveres más y otras
tantas familias desoladas. Y es justo eso lo que hay que evitar.
Joan Martí (Abogado)
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